Lo que nos estamos
jugando en el aula

Fui a Mar del Plata a aprender. Era un congreso internacional de Debian y yo era un aprendiz entre veteranos. Uno de esos veteranos necesitaba ser traducido del francés al español, durante su entrevista; y yo estuve encantado de ayudar. Eso era todo lo que tenía que hacer. Lo que no esperaba es que alguien me buscara después para entrevistarme.

Me preguntaron por Bulma, la asociación de Baleares dedicada al software libre. Sus miembros eran un grupo de entusiastas de las islas mediterráneas que publicaban en castellano y en catalán todo lo que sabían, cada uno en la lengua que prefería: qué significaba que el software fuera libre, cómo compilar el Kernel, cómo resolver las dudas técnicas del día a día con GNU/Linux, etc. Todo llegaba a nuestro blog y a nuestra lista de correo, sin presupuesto, sin estructura empresarial y sin ningún plan para llegar a ningún sitio en particular. Éramos personas con valores comunes y ganas de compartir lo que sabían. Y resultó que Bulma se había convertido en el referente mundial en español sobre software libre. Lo que significaba que, en todo el globo, si alguien buscaba información en español sobre este tema, acudía a nosotros.

Cuento esto sin nostalgia ni orgullo. Lo cuento porque enseña algo importante: que el impacto de lo que hacemos raramente es proporcional a los recursos utilizados, a nuestro brillo individual o a los planes hechos. Tiene más que ver con la persistencia, con los valores y con crear algo genuinamente útil para otros.

Yo no era uno de los mejores escritores de Bulma, pero sí de los más persistentes. Y eso, con el tiempo, resultó ser suficiente para algo significativo.

En esos años fui a muchos congresos: Debian, KDE, encuentros de software libre en Sudamérica, en Europa y en Asia. No fui como estrella ni como experto reconocido, sino como alguien con mucha curiosidad y con la suerte de poder estar allí.

Lo que más me marcó no fue la tecnología. Fue la gente. Hay un tipo de persona que aparece en esos encuentros y que no encuentras fácilmente en otros lugares. Se trata de personas que trabajan en algo durante años sin ninguna recompensa económica significativa y sin garantía de que su labor vaya a servir para algo. Son personas guiadas principalmente por la convicción de que ciertas cosas importan, de que el conocimiento debe ser libre y de que la tecnología debe servir a las personas y no al revés. Todos ellos piensan que la infraestructura digital de una sociedad democrática no puede estar en manos de quienes no rinden cuentas a esa sociedad.

Volví de esos viajes con la cabeza llena de ideas y con una dificultad que no supe resolver durante años: cómo transmitir, en el día a día, en el claustro, en el pasillo del instituto, algo de la urgencia y de la claridad que sentí allí. No era fácil y la dificultad no era culpa de nadie. Mis compañeros son buenos profesores. Son personas comprometidas con sus alumnos que tienen una carga de trabajo enorme, que sufren reformas educativas constantes, que tienen familias que atender y vidas que vivir. El hecho de que no estuvieran pensando en arquitecturas de software y en soberanía digital no era una deficiencia suya. Era simplemente que nadie les había dado formación para analizar críticamente las infraestructuras digitales que usaban cada día. Resulta paradójico que mientras el currículo habla de formar ciudadanos críticos, las decisiones tecnológicas se presenten como inevitables o puramente técnicas. No lo son, también son profundamente pedagógicas. Saber decidir y mantener un espíritu crítico ante las decisiones que vienen desde arriba son de las mejores competencias que podemos enseñar.

Durante años, luchamos contra las patentes de software en Europa. Fue una batalla técnica y política, ya que si se permitían las patentes de software como en Estados Unidos, cualquier empresa podría patentar ideas abstractas implementadas en código y bloquear legalmente a cualquier competidor, incluidos los proyectos de software libre.

El Parlamento Europeo rechazó la directiva. Fue una victoria real, colectiva, construida por miles de europeos que escribieron a sus eurodiputados para explicarles el problema y que no dieron por perdida la batalla cuando parecía que era imposible ganar.

No cuento esto para desanimar a nadie. Lo cuento porque es la realidad del terreno en el que estamos. Los avances no son permanentes, puesto que hay que defender cada victoria lograda, pero los retrocesos tampoco son permanentes si hay gente dispuesta a no darlo todo por perdido.

España fue puntera durante años. Por ejemplo, Extremadura implantó su LinEx, una distribución propia de GNU/Linux en todos los centros educativos y en la administración pública, con lo que ello significaba como avance tecnológico, social, en costes económicos y libertad. Mientras que Andalucía, Valencia y otras comunidades apostaron fuerte por el software libre en la educación pública. Todo eso hizo que fuésemos un referente europeo, pero llevamos tiempo retrocediendo, y lo hacemos tan despacio, tan envueltos en un lenguaje técnico y burocrático, que es difícil notarlo si no sabemos fijarnos bien.

Este curso nos comunicaron que GestIB, el sistema de gestión educativa que usábamos hasta ahora, sería sustituido por una herramienta nueva y obligatoria: Llull, una réplica del sistema Séneca de la Junta de Andalucía, adjudicada por contrato público a la empresa privada Ayesa por 5,4 millones de euros. Asimismo, las herramientas de Google Workspace que se implantaron durante la pandemia serían sustituidas por Microsoft 365.

Conviene decir algo sobre la pandemia. Con las aulas cerradas y los alumnos en casa, se tomaron decisiones rápidas, y era comprensible. Lo que no era inevitable es que lo provisional se convirtiera en permanente. Había alternativas libres: Jitsi para las videollamadas y Moodle para la gestión del aula, pero también había personas con acceso e influencia que promovían activamente las herramientas de Google, y la urgencia se usó como argumento para no abrir un debate. Quienes intentamos plantear otras opciones no encontramos ni el tiempo ni el espacio para ser escuchados y el resultado fue que, en cuestión de semanas, toda la actividad educativa, las conversaciones, los documentos y las evaluaciones quedaron en servidores de una empresa privada americana. Después, la urgencia pasó, pero la normalización se quedó.

Ahora este proceso va más allá y esta vez no hay ninguna emergencia que sirva de excusa. La justificación oficial para salir de Google es la privacidad: dicen que Google no puede garantizar que los datos de los alumnos permanezcan en Europa. Pero esto se sostiene mal, porque en su edición de pago para centros educativos Google permite elegir que los datos se almacenen en Europa, igual que se paga por Microsoft. Y aunque no fuera así, no cambiaría el fondo del problema, porque no se trata de dónde están los servidores, sino de que tanto Google como Microsoft son empresas estadounidenses, obligadas por su propia ley a entregar los datos sin que las familias lleguen a saberlo. El 10 de junio de 2025, ante la comisión de investigación del Senado francés sobre la contratación pública, Anton Carniaux, director de asuntos públicos y jurídicos de Microsoft Francia, fue preguntado bajo juramento si podía garantizar que los datos de los ciudadanos franceses nunca serían entregados al gobierno americano sin el acuerdo explícito de las autoridades francesas. Respondió que no podía garantizarlo, aunque añadió que hasta entonces no había ocurrido. Su respuesta debe ser tenida en cuenta porque es una declaración jurídica en sede parlamentaria. Y lo que él no podía garantizar ya ha dejado de ser hipotético: en mayo de 2026, según publicó la revista neerlandesa Vrij Nederland, Microsoft entregó a un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos correos, actas y nombres sin anonimizar de funcionarios de los Países Bajos encargados de aplicar la legislación digital europea; el Gobierno neerlandés ha pedido explicaciones y aún investiga el alcance exacto de lo compartido.

Los cambios llevados a cabo no ofrecen soluciones. Lo único que se ha hecho es cambiar un monopolio americano por otro monopolio. El software anterior no era perfecto. Yo mismo tenía reservas sobre GestIB, porque centralizaba información privada de los alumnos, por eso no me sorprendió que en julio de 2024 sufriera una brecha de seguridad real, con acceso no autorizado a datos de alumnos y familias. Pero al menos era software bajo control público; al menos, en teoría, podíamos saber qué hacían con esos datos y podíamos exigir responsabilidades a quienes los gestionaban. No soy el único que lo ve así: el Col·legi Oficial de Docents de les Illes Balears ha pedido formalmente frenar el proceso y reforzar el sistema de gestión propio, advirtiendo del riesgo de dependencia tecnológica en la gestión de datos educativos sensibles.

Conviene ahora separar dos cambios que se anuncian juntos pero no son lo mismo. Llull lo implanta Ayesa, una empresa española, y todo indica que los datos siguen donde estaban los de GestIB; aquí el problema no es una ley extranjera —ese es el caso de Microsoft, no el de Llull—. El problema es más cercano: hemos cambiado un sistema propio, que conocíamos, por una copia del sistema andaluz que decide y mantiene una empresa de fuera. Y lo estamos viviendo estos meses: desde enero los centros denuncian que la herramienta se colapsa y que la gestión económica está casi paralizada. Cuando algo falla, ya no depende de nosotros arreglarlo. Hemos pagado 5,4 millones de euros por depender más.

Y hay algo en esos datos que merece nombrarse con más precisión de la habitual, pues no hablo solo de notas y faltas de asistencia. En el sistema de gestión entran obligatoriamente las intervenciones de orientación: el contenido de sesiones para las que las familias firmaron una autorización especial, con la expectativa de privacidad que esa firma implica. Entra, por ejemplo, el expediente de un caso de acoso, con el nombre y los apellidos del niño acosado y del que acosa. Información que las familias comparten con el centro no porque quieran, sino porque necesitan que el sistema ayude a sus hijos. Cuando esas familias firmaron las autorizaciones, depositaron su confianza en nosotros. No confiaron en un sistema de gestión de una empresa privada, sino en nosotros.

Y conviene mirar de frente hacia dónde lleva esto, sin hipótesis, porque ya está pasando. El mismo sistema andaluz que ahora copiamos se usa en Andalucía para alimentar una inteligencia artificial —desarrollada por la misma Ayesa que implanta Llull aquí— que cruza los datos acumulados del alumnado y predice, entre otras cosas, qué alumnos van a abandonar o a faltar a clase. Es decir: datos que se recogen «para gestionar» acaban sirviendo para perfilar; y «perfilar» no es retórica alarmista, es exactamente lo que el RGPD define en su artículo 4.4: el tratamiento automatizado de datos personales para evaluar o predecir aspectos de una persona. Y si alguien responde que el acuerdo prohíbe usarlos para otra cosa, la respuesta está al lado: en Andalucía, con este mismo sistema, ya se hace. Aquí está lo que más debería pesarnos: la privacidad, una vez perdida, es casi imposible de devolver. Se puede rescindir un contrato, cambiar de proveedor o cambiar una ley; lo que no se puede deshacer es que los datos de un menor ya se hayan recogido, copiado y acumulado, curso tras curso. Por eso conviene no entregarlos antes de estar seguros, no después.

No hace falta querer que algo salga mal para que ocurra. Basta con no preguntarse si podría ocurrir (Arendt). Y durante demasiado tiempo, en demasiados claustros, esa pregunta no se ha hecho.

Hay que protegerse de ejecutar sin preguntar lo que las autoridades deciden por nosotros. La psicología social lleva décadas demostrando que ese impulso es muy fuerte en la mayoría de las personas (Milgram). Conocer el mecanismo es la mejor defensa.

Este patrón no es exclusivo de Baleares ni se limita al ámbito de la educación. Cuando las administraciones confían la gestión de datos de ciudadanos a plataformas privativas, ceden también parte del control sobre infraestructuras críticas. Los debates surgidos en el Reino Unido en torno al uso de plataformas de análisis de datos en el National Health Service muestran hasta qué punto estas decisiones afectan a la transparencia y la soberanía de las instituciones públicas. Cuando hablamos de datos educativos, sanitarios o administrativos de toda una sociedad, el control de esas herramientas no debería depender de los intereses comerciales de un proveedor privado que no rinde cuentas a nadie.

Lo que está en juego tiene un nombre: soberanía tecnológica. Es la capacidad de una sociedad de decidir sobre las herramientas y los datos de los que depende, en lugar de quedar atada a empresas ajenas que pueden cambiar las condiciones, subir el precio o cortar el acceso cuando les convenga.

Y que existe alternativa no es una teoría. La Comunidad de Madrid mantiene desde hace años EducaMadrid: el correo, la nube, el aula virtual y los materiales del profesorado y del alumnado funcionan sobre una plataforma propia basada en software libre, controlada por la propia administración, sin ceder esos datos a Google ni a Microsoft. Si se puede allí, se puede aquí.

Y la dirección del viaje en Europa es ya la contraria a la que toma Baleares. En la misma semana de junio de 2026 en que esta carta circula, el Parlamento Europeo sustituyó Google por un buscador europeo en todos sus ordenadores, la Comisión presentó su paquete legislativo de soberanía tecnológica y una coalición de empresas europeas publicó Euro-Office, una suite ofimática libre pensada explícitamente para administraciones públicas y sistemas educativos. Francia, por su parte, ha ordenado a cada ministerio un plan para eliminar sus dependencias tecnológicas extraeuropeas, y su plataforma estatal de videoconferencia se construye sobre Jitsi: la misma herramienta libre que aquí se descartó por las prisas en 2020 es hoy infraestructura oficial de un Estado europeo. Mientras Baleares entra, Europa sale.

Que esto suceda no es un accidente. No es que nadie haya pensado en las consecuencias. Lo que ocurre es que hay quienes se benefician de que las administraciones dependan de software privativo, es decir, de que sus datos estén en infraestructuras que no controlan. A medida que pase el tiempo, la dificultad para salir de esta dependencia será cada vez mayor. No hará falta hablar de conspiraciones ni villanos. Lo único necesario será que los incentivos apunten en la dirección equivocada y que nadie haga suficiente ruido para que la dirección cambie.

¿Qué puede hacer un profesor de informática ante la Conselleria?

Honestamente, si está solo, puede hacer muy poco o casi nada. He votado en contra de decisiones tecnológicas en claustros donde mi voto fue el único en contra, he tenido que soportar comentarios jocosos, he publicado artículos en revistas de ingenieros y de educadores que llegaron a quien tenían que llegar, pero no produjeron ningún cambio relevante; y he visto cómo decisiones que parecían inamovibles seguían adelante.

No cuento todo esto para quejarme. Lo cuento porque es el contexto necesario para lo que viene a continuación.

Porque la conclusión no es que no vale la pena intentarlo. La conclusión es que la unidad de acción equivocada es el individuo.

De aquellos años, una de las mejores lecciones que me llevo no es técnica.

Un profesor solo ante la Conselleria no puede hacer nada. Sin embargo, el profesorado de todos los institutos de Baleares, con el respaldo de las familias que entienden lo que está en juego, con el apoyo de organizaciones que llevan años en estas batallas y con la ayuda de la legislación europea, que está de nuestro lado, presentamos un frente común mucho más difícil de evitar.