¿Dónde están los datos de nuestros hijos?

Estimadas familias:

Cuando dejamos a nuestros hijos en el instituto, confiamos en que es un espacio seguro. Nos preocupa su bienestar físico, emocional y académico. Sin embargo, hay un aspecto invisible pero crucial que a menudo pasamos por alto: la gestión de su información privada en el entorno digital.

Últimamente, la Conselleria está sustituyendo en los centros los sistemas públicos de gestión y las herramientas de aula por plataformas de grandes empresas privadas (como Microsoft 365 o herramientas controladas por subcontratas). Quizá nos lo presenten como un cambio meramente técnico o como algo "más cómodo", pero es una decisión con profundas implicaciones.

Y no es una preocupación abstracta: en julio de 2024 el sistema de gestión educativa balear (GestIB) sufrió un acceso no autorizado que expuso datos personales de alumnado y familias, y la nueva herramienta que lo sustituye, Llull, ha sido adjudicada a una empresa privada por 5,4 millones de euros, con los centros denunciando fallos desde enero.

¿Por qué debería preocuparnos como familias?

• No son solo notas: En estos sistemas no solo se registran las calificaciones y las faltas. También se introducen actas de reuniones de orientación, intervenciones de apoyo psicológico o expedientes de casos de acoso escolar. Datos sumamente sensibles de menores de edad.
• Pérdida de control: Al delegar la custodia de estos datos en multinacionales tecnológicas, la información de nuestros hijos queda bajo el paraguas de leyes extranjeras (como las de EE. UU.), que permiten a sus autoridades exigir el acceso a la información, pudiendo además prohibir a la empresa que nos lo comunique.
• Opacidad: Nadie de fuera puede examinar cómo funcionan estos sistemas ni quién accede a los datos: ni el nuevo Llull, desarrollado por una empresa privada sin transparencia pública sobre su código, ni las plataformas de Microsoft, donde ni siquiera la propia administración puede comprobar qué se hace con la información de nuestros hijos. Lo que no se puede auditar, no se puede vigilar.

Nuestros hijos no son clientes, son estudiantes en etapa de formación. Su privacidad y el resguardo de su expediente más personal es un derecho constitucional que nos corresponde defender a todos de manera colectiva.

Y existen alternativas que ya funcionan. La Comunidad de Madrid lleva años dando servicio a toda su comunidad educativa con EducaMadrid, una plataforma pública construida con software libre y bajo control de la propia administración. Y Europa se mueve en esa misma dirección: en junio de 2026 el Parlamento Europeo sustituyó Google por un buscador europeo en todos sus ordenadores, la Comisión presentó su paquete legislativo de soberanía tecnológica y Francia ha ordenado a cada ministerio un plan para eliminar sus dependencias tecnológicas extranjeras. Lo que pedimos para los institutos de nuestros hijos es lo que las instituciones europeas ya están haciendo para sí mismas.

¿Qué podemos hacer esta semana?

• Preguntar en el AMPA / AFA: Abre el debate en la próxima reunión de la asociación de familias de tu centro educativo.
• Exigir respuestas en el Consejo Escolar: Como representantes de las familias, tenemos derecho a preguntar formalmente por escrito qué datos de nuestros hijos se envían a servidores de terceros y qué medidas se están tomando para proteger su privacidad, y a pedir que se publique la evaluación de impacto sobre protección de datos que la normativa europea exige cuando se tratan datos de menores a gran escala.
• Sumar fuerzas con el profesorado: Muchos docentes comparten esta preocupación, pero a un profesor que pregunta se le puede ignorar; a las familias organizadas, no. Cuando la administración ve que familias y docentes piden lo mismo —transparencia y garantías sobre los datos de los menores—, responder deja de ser opcional.